Un Juzgado de Cangas ha dictado sentencia estimando la demanda presentada por este despacho defendiendo a una pequeña empresa y a su administrador contra el Banco Santander por la compra de acciones del Banco Popular en junio de 2016, condenando al Banco a devolver casi 16.400 euros y a pagar las costas del juicio.
En la sentencia se recoge que la situación financiera real del Banco Popular, que a la postre desembocó en su intervención y venta al Banco Santander por un euro, no se debió a circunstancias sobrevenidas que determinaron una falta de liquidez, sino que venían orquestándose desde hace tiempo y que el Banco Popular no cumplió con el deber de información de modo claro, real y completo sobre su situación económica ocasionando que los inversores sufrieran un error acerca de la verdadera solvencia del Banco cuyas acciones estaban comprando.
La sentencia no es firme y el Banco Santander aún puede recurrirla en apelación ante la Audiencia Provincial de Pontevedra.